PRESIDENTE DEBE RENUNCIAR

¿POR QUÉ DEBE RENUNCIAR EL PRESIDENTE?

Froilan Laime Ajacopa/ 23-05-2026

La LEGITIMIDAD política es el “reconocimiento del derecho de gobernar” fundado en una relación de reciprocidad y valores compartidos entre gobernantes y gobernados. Para Jean-Marc Coicaud, es la validación de la autoridad que permite justificar simultáneamente el poder y la obediencia a través del consentimiento, la ley y las normas ―reciprocidad (no solo aceptación, sino reconocimiento recíproco de derechos), conformidad a la ley (no solo, sino que exprese valores de la sociedad) y valores (estimación de derechos y demandas). Jürgen Habermas la sitúa en el terreno de la aceptabilidad racional, donde un orden es legítimo solo si sus normas emanan de un procedimiento democrático inclusivo en el que todos los afectados podrían prestar su asentimiento tras participar en discursos racionales. Para Enrique Dussel es la unión de las voluntades por el consenso de la comunidad política, exigiendo que los ciudadanos participen de manera simétrica con razones para que el ejercicio del poder sea una delegación obediencial y no una imposición autorreferente.

Y, ¿si el gobierno pierde la legitimidad?, ¿puede seguir ejerciendo el poder solo con la legalidad? Es posible que fácticamente un gobierno sin legitimidad puede sostenerse mediante la fuerza legal o fuerza física, pero pierde su justificación moral y política ―sería una dominación inestable y corrupta, de una restauración oligárquica-neoliberal y colonial―, convirtiéndose en un aparato opresor, frente al cual el pueblo conserva su soberanía original para exigir su salida.

SARXPAN <que se vaya>. ¿Por qué?

Por r4cismo estructural

Es cuestionable ya la legitimidad de origen, las elecciones presidenciales. Puede hablarse de segregación electoral, pues el sistema político ejecutó un 'apartheid legal'. A través del TSE, se ha proscrito la representación política del expresidente Evo Morales, también otras representaciones indígenas; que se ha extendido a la elección del Gobernador de La Paz, descartando al candidato Yahuasi. Una estrategia de exclusión para evitar que las naciones originarias decidan su destino.

Si el procedimiento democrático no es inclusivo, las normas y las elecciones carecen de aceptabilidad racional. R. Paz está reinstaurando la vieja república q'ara, donde el indio solo sirve para votar, pero no para gobernar.
Por mentiroso, por traición y vendepatria

Hay déficit de legitimación o el gobernante pierde base de sustentación cuando el Estado NO CUMPLE las exigencias programáticas que él mismo se ha impuesto, lo que resulta en la pérdida de la lealtad de la población (Habermas, PL, 1999). Cuando el representante oculta sus actos o “lo obrado por el político... en la oscuridad no-pública... es corrupción” (Dussel, TP, 2006). La legitimidad se socava cuando el sistema político recurre a “ideologías” o engaños para obtener una “lealtad de masas” que no se basa en un acuerdo racional (Habermas, FV, 2005). Esto es, el desinterés de la comunidad y la pérdida de credibilidad ocurren cuando el líder utiliza “el recurso sistemático a la mentira, la búsqueda de beneficio inmediato y los arreglos políticos”, lo cual pone en peligro el porvenir de la sociedad (Coicaud, LP, 2000).

En la campaña electoral hablaba de “renovación política”, pero sus principales Ministros son de los partidos tradicionales. Planteó el “50/50” de los recursos del Estado central y las entidades subnacionales; que sigue postergando. Engañó con el “capitalismo para todos” y “platita para todos”, pero no hay créditos ni bienestar; solo ajuste. Decía que no iba ir al FMI para préstamos internacionales, pero está negociando con el FMI y ha endeudado al país (con el BID, CAF, Banco Muncial y bilaterales), en diciembre ya se aprobaron una suma de 680 millones de dólares, y en mayo los “bonos soberanos” de mil millones de dólares. Prometió reducción del aparato estatal, pero al contrario aumentan el presupuesto para gasto público. Además, con Lara han prometido eliminar la “renta vitalicia” de expresidentes, subir renta dignidad a 2.000 Bs, vivienda para todos, subir el subsidio de lactancia, titulación gratuita, créditos para emprendedores, eliminar supraestatales, “bajarse los sueldos” (que ni legisladores ni en el Ejecutivo están cumpliendo), etc.
Por incapaz, por hambreador

En el capitalismo el Estado busca legitimidad ofreciendo servicios de bienestar y recompensas económicas para compensar la falta de participación real. Si el Estado fracasa en proveer estos valores de consumo o en manejar las crisis económicas de manera que resulten aceptables, se produce una crisis que cuestiona la integración de la sociedad (Habermas, PL, 1999). Si el gobierno es incapaz de manejar la economía y esto afecta a la mayoría, la base del consentimiento desaparece: “Mientras las instituciones cumplan su función, satisfaciendo a cada categoría social, el juicio sobre ellas será favorable. En caso contrario, las instituciones son sometidas a crítica, pudiendo producirse conflictos” (Coicaud, LP, 2000).

El gobierno ha fracasado en el control de la inflación ―este año más del 15%―, los bajos ingresos de las familias bolivianas ya no alcanzan para aprovisionarse de la canasta familiar cada vez más cara. Aunque aumentó el salario mínimo (que beneficia a su padre, la renta vitalicia), es insuficiente para los costos de vida. Niega el aumento salarial pedido por los trabajadores, a la cabeza de la COB, porque la economía está “quebrada”. Es ineficaz su política macroeconómica, pues ha reducido la inversión pública, paralizando obras y deprimiendo el empleo formal, pero continúa aumentando el presupuesto público (este año 40% más que 2025, para sueldos). No ha solucionado la escasez de combustibles (a los que ha quitado subvención), y lo ha empeorado con la compra (con sobreprecio) de “GASOLINA BASURA” que está destruyendo los motores de los automóviles de la población.
Por corrupto

Un gobernante debe salir si utiliza su cargo para intereses personales o de grupo ―que es parte de la privatización de lo público―, pues “Toda lucha por sus propios intereses, de un individuo (el dictador), de una clase (como la burguesa), de una elite... son corrupción política” (Dussel, TP, 2006).

En enero la exdiputada Laura Rojas ingresó al Aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) con 31 maletas sin pasar por los controles aduaneros ni de seguridad; se descubrió droga, pero el gobierno declaró el caso en reserva. Luego, YPFB incurrió en un millonario sobreprecio en la importación de petróleo crudo mediante contratos con la multinacional Trafigura; negado, no investigado. A continuación, estalló el escándalo de las “gasolina basura”, de compra con sobreprecio de la nueva administración de YPFB y la afectación (a los motores) de transportistas; que el gobierno no investiga ni soluciona (no hay resarcimiento ni mejora de calidad). No investigó el caso del avión siniestrado en El Alto, todo el dinero que se quemó; solo criminalizó al alteño.

Hace mal uso de los recursos públicos para su propaganda política, pues direcciona la publicidad estatal y comunicación para lavar la imagen del gobierno y perseguir a sectores contrarios.
Por oligarca y entreguista

La legitimidad y la democracia formal se vacían cuando los ciudadanos perciben que las instituciones de la democracia son solo una fachada para proteger intereses PRIVADOS de acumulación de capital (Habermas, PL, 1999). El gobernante pierde el derecho de ejercer el poder cuando deja de actuar en favor del bien común para servir a intereses particulares, la justificación del poder “cesa al producirse la privatización sistemática de la actividad política” (Coicaud, LP, 2000).

Después de conformar su gabinete empresarial ―siendo así un GOBIERNO DE RICOS―, una de sus primeras acciones fue inaugurar frigoríficos en Santa Cruz y reunirse con empresarios de la carne, luego aseguró la exportación de carne a Egipto, que ocasionó la subida del precio en Bolivia. Otra de sus medidas de R. Paz también fueron para el beneficio empresarial: ha eliminado cuatro impuestos clave (Impuesto a las Grandes Fortunas, a las transacciones financieras, al juego y a las promociones empresariales), anulando la recaudación progresiva y eximiendo de cargas fiscales a las élites económicas más ricas del país. Con el DS 5503 blindaban seguridad jurídica a capitales extranjeros, entregándolos en 30 días. También favorece al poder terrateniente y agroindustrial, por eso aprobaron muy fácil la Ley 1720 (de Marinkovic, abrogada por la lucha de pueblos indígenas) que tenía la finalidad de acumulación de tierras, al capitalizarse y ser ya embargables, y legalizar las ocupaciones irregulares, amenazando la economía comunitaria/familiar y los territorios indígenas. Mientras que, con la eliminación (en diciembre) de la subvención a los combustibles, ha cargado el costo de la crisis a los hombros de las clases populares y transportistas, y más bien beneficiando a los sectores agroindustriales.
Por irresponsable y proimperialista

El incumplimiento de responsabilidades quita legitimidad, pues la permanencia en el poder depende de la capacidad de asumir las consecuencias de sus actos. Si los gobernantes no son capaces de asumir las responsabilidades que les corresponden o si sus acciones cesan de ser imputables a la justicia, la responsabilidad política desaparece (Coicaud, LP, 2000).

Rodrigo Paz solo repite que la crisis económica y el desabastecimiento está ocasionado por los “20 años” del MAS, inventa culpables como “sabotajes” de los masistas (como en YPFB) ―se podría recordar los 180 años de la república q’ara excluyente que nos dejó miseria―, eludiendo su responsabilidad directa como administrador actual del Estado. No hay transparencia de los acuerdos con EEUU ―cuya injerencia acepta arrodillado, mientras expulsa la embajada de Colombia; o se alía con el Estado genocida de Israel―, no hay fiscalización de los acuerdos internacionales. Improvisa, sin inclusión, sin socialización ni evaluación, normativas contrarias al pueblo (como el DS 5503 o el la Ley 1720), que luego tiene que abrogar por la movilización popular.
Por soberbio

Un gobierno pierde su justificación cuando deja de haber un “ajuste” entre el gobierno y la comunidad; es decir, cuando el gobierno ya no representa genuinamente la vida política de su pueblo (Habermas, IO, 1999), o cuando el poder se “fetichiza” (Dussel, TP, 2006), o la administración se “autonomiza” y deja de estar ligada al poder comunicativo de los ciudadanos (Habermas, FV, 2005). Cuando ocurre la ruptura de la RECIPROCIDAD, entonces el gobernante debe renunciar, pues pierde su base cuando se vuelve ajeno a su pueblo: “Al renunciar los dirigentes al principio de reciprocidad y devenir extranjeros ante sus propios administrados, la identificación deja de funcionar. Cualquier signo de opulencia expresa el exceso y la corrupción” (Coicaud, LP, 2000).

Utiliza y sobrepasa la Asamblea Legislativa (que ya no es plurinacional), anula y quita competencias al Vicepresidente E. Lara, pretende gobernar por Decretos ―incluso cuando viaje al exterior el Presidente gobernaría a distancia digitalmente (como dice el DS 5515)―, y peor aún: a espaldas de los movimientos sociales, ignorando el consenso deliberativo. NUNCA CONSULTA, ni políticas ni acciones (como el “corredor humanitario” para desbloquear), da la espalda. Al inicio de su gestión retiró los símbolos indígenas como la wiphala de espacios públicos o del emblema del ejército, que implica una agresión intentaría (en el avance de reconocimiento simbólico de la plurinacionalidad). Después de la campaña electoral, de las calles ahora se encierra en el palacio, en la tecnocracia sorda a las demandas de los pueblos y la ciudadanía; desoyendo por ejemplo el cabildo de 11 de abril, de reducción salarial, eliminación de renta vitalicia, y otras demandas.
Por excluyente

Si la inclusión del otro es la institucionalización de condiciones de comunicación que aseguren que ningún grupo sea excluido de la deliberación política sobre las normas que afectan su vida, y en igualdad de derechos, entonces quiebra la democracia deliberativa la exclusión de los posibles afectados en los procesos de formación de la voluntad política; y ya no existe una integración ciudadana ni participación efectiva (Habermas, IO, 1999), ya que “válidas son aquellas normas (y sólo aquellas normas) a las que todos los que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su asentimiento como participantes en discursos racionales” (Habermas, FV, 2005).

Desde el inicio de su gestión proclamó que no gobernaría con los movimientos sociales, es un gobierno SIN las organizaciones indígenas, campesinas, obreras… sin el pueblo. Los Decretos y las Leyes elaboran y promulgan sin la participación de los afectados (tal como se vio con el DS 5503, o la Ley 1720). No hay mesas de trabajo (apenas después de los conflictos, pero con dirigencias prebendalizadas), con el sector de los gremiales o del autotransporte u otros sectores. Peor aún, en los conflictos R. Paz declara que “no dialogará con vándalos”, criminalizando la protesta, persiguiendo y deteniendo; no son interlocutores válidos, aunque mentirosamente llamen al diálogo en los medios de comunicación que, a su vez, solo reproducen la propaganda del gobierno y la voz de sectores contrarios a la protesta, deslegitimando las demandas de los movilizados.
Por repudio del pueblo

La pérdida de CONSENTIMIENTO, que es la base de la obligación política, pero su desaparición es un “signo de que ha fallado la legitimidad política”, y en casos extremos, los ciudadanos pueden optar por la “defección” o la no cooperación sistemática cuando el régimen ya no representa sus valores ni respeta sus derechos y libertades (Coicaud, LP, 2000). Entonces se ejerce el derecho a la resistencia a la opresión, pues si el soberano o gobernante usurpa el poder que originalmente pertenece al pueblo y actúa contra los criterios de libertad y justicia, la comunidad tiene el fundamento normativo para cuestionar su autoridad y reestablecer un orden democrático (Habermas, FV, 2005).

Ante las medidas económico políticas del gobierno, injustas, inconsultas y perjudiciales, el pueblo se organiza y se levanta ―en dos momentos de rebelión, uno en enero y otro en mayo de esta gestión (una marcha de 26 días, desde Pando a La Paz)―, rechazando la medida de ajuste neoliberal (el DS 5503) y el acaparamiento terrateniente (la Ley 1720 de reconversión de tierras); pero son movilizaciones multisectoriales acumulativas, por la sumatoria de todas las medidas y políticas del gobierno antipopulares y entreguistas. Masivas movilizaciones de organizaciones indígenas, campesinas, pero también sectores urbanos (vecinos, choferes, gremiales, profesores, estudiantes…), con marchas, paros, asambleas, bloqueo de caminos (hasta ahora en 6 departamentos del país), para expresar la protesta contra el gobierno, que ahora exigen su renuncia. Se ha roto la cooperación con la Administración antipopular, se ha perdido el consenso obediente, la aceptación pasiva; hay un rechazo generalizado a las medidas que se ha acumulado, hay un desborde popular.
Por autoritario y opresor

Si fracasa en la integración social, un gobierno debe renunciar o ser cambiado si ya no es capaz de estabilizar las expectativas de comportamiento de la sociedad mediante normas aceptables, convirtiéndose en un “aparato administrativo despojado de legitimidad” que solo se mantiene por la inercia o la coacción (Habermas, FV, 2005). Frente a la opresión, la comunidad tiene el derecho de activar la hiperpotentia (el poder liberador del pueblo) en un “estado de rebelión” para anular la autoridad de quienes han traicionado su mandato (Dussel, TP, 2006).

En las movilizaciones contra el gobierno, éste ha reprimido, perseguido, encarcelado, y ha causado muertes. Hay violación de derechos humanos. Hay un uso desproporcionado de las fuerzas del orden, por ejemplo en el desbloqueo del “corredor humanitario” (de la madrugada del 16 de mayo, y este sábado 23) y en las gasificaciones en el centro paceño. Es muy cuestionable el apoyo militar extranjero ante la crisis (como los aviones de Argentina, con apoyo logístico). Ante la pérdida total del sustento moral y político de su administración, el gobierno optó por blindar las sedes institucionales y amenazar con persecución penal a la dirigencia de las protestas ―por la aprehensión, están en la clandestinidad los líderes de las movilizaciones―, siendo el uso de la fuerza física y legal su único sostén. Peligrosamente están promoviendo (gobierno y medios de comunicación) la rección violenta de civiles, para desbloquear, y generando odio a las/los movilizados; que puede ocasionar violencia de grupos de choque y grupos parapoliciales (como en las masacres de 2019).

Aún en esas peligrosas circunstancias, la movilización del pueblo, por su determinación autoorganizativa, va continuar. Siendo la solución la pronta renuncia del presidente.